En la Argentina posterior a la crisis de 2001, se desarrollaron políticas educativas tendientes a la puesta en marcha y/o consolidación de estrategias de gobierno orientadas a la ‘inclusión educativa’ y destinadas a que la mayor parte de la población culmine sus estudios secundarios, a instancias del establecimiento de la obligatoriedad que marca la actual Ley de Educación Nacional 26.206 (2006). En este escenario social y político se desarrollan diferentes lineamientos y experiencias promovidas desde el ámbito gubernamental –que flexibilizan el formato escolar tradicional de la educación secundaria– e iniciativas de organizaciones y movimientos sociales orientados a reivindicar el ejercicio del derecho a la educación, especialmente en lo que hace a la finalización de la escolarización secundaria. La multiplicidad de situaciones generadas desde entonces (con heterogeneidad de conflictos, procesos y negociaciones) resulta
de interés tanto en la arena gubernamental como también en la sociedad civil en general, dando lugar a la producción de nuevas trayectorias educativas y vitales, como también temas de reflexión y discusión académica.
Especialista en educación